Un informe reciente destapó un entramado de irregularidades en la ejecución de proyectos escolares en República Dominicana, que involucran pagos superiores a RD$70 millones por construcciones inconclusas, mal realizadas o nunca iniciadas en diferentes centros educativos del país.
Entre los problemas señalados figuran techos sin impermeabilizar, sistemas eléctricos incompletos, comedores paralizados y áreas de pintura abandonadas, lo que impacta directamente en la seguridad y el aprendizaje de cientos de estudiantes.
Contratistas cobraron sin cumplir contratos
La investigación, encabezada por la Dirección General de Mantenimiento de Infraestructura Escolar, evidencia que varios contratistas recibieron pagos millonarios sin cumplir con los contratos, con la aprobación de supervisores del propio Ministerio de Educación.
Además, se utilizó material de baja calidad y se ejecutaron trabajos deficientes que ponen en riesgo tanto a alumnos como a docentes, dejando a las comunidades educativas en un estado de abandono.
Escuelas más afectadas
Entre los planteles afectados se encuentran las escuelas Juan Pablo Duarte, José Francisco Peña Gómez y John F. Kennedy, en Mao, provincia Valverde.
En estos casos, se reportaron pagos por impermeabilización, pintura y equipamiento que nunca se llevaron a cabo. Asimismo, se comprobó que contratistas sustituyeron lámparas LED y abanicos industriales por bombillos comunes y ventiladores de baja capacidad, pese a que cobraron lo estipulado en los contratos.
Falta de control y ausencia de sanciones
A pesar de la magnitud de las denuncias, las autoridades educativas aún no han iniciado una investigación formal, lo que genera cuestionamientos sobre la falta de controles internos y la ausencia de sanciones.
Expertos advierten que estas prácticas representan un abuso del presupuesto del 4% destinado a la educación, convertido en “botín” de contratistas y funcionarios negligentes.
Posibles consecuencias legales
Ante esta situación, el Ministerio Público ha sido llamado a abrir una investigación penal que determine responsabilidades, no solo de los contratistas, sino también de los funcionarios que avalaron las irregularidades.
De confirmarse los hechos, los implicados podrían enfrentar cargos por uso de documentos falsos y estafa al Estado, con sanciones que incluyen hasta dos años de prisión.
Impacto en estudiantes y futuro del país
Mientras tanto, miles de estudiantes siguen asistiendo a escuelas con filtraciones, instalaciones inseguras y canchas deterioradas, pese a que el Estado ya destinó recursos para brindarles un entorno adecuado.
Este caso vuelve a poner en evidencia las debilidades en el sistema de control y supervisión del sector educativo, comprometiendo no solo el presente de los alumnos, sino también el futuro del país.
Fuente: CDN
0 Comentarios