Neiyerver Adrián León Rengel, un migrante venezolano de 27 años, ha presentado una reclamación administrativa contra el gobierno de Estados Unidos por presuntos abusos y violaciones a sus derechos humanos.
La denuncia, gestionada por el Democracy Defenders Fund (DDF) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), exige una compensación de 1.3 millones de dólares por daños físicos, psicológicos y morales sufridos tras su deportación al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.
Detención polémica en Texas
La detención de León ocurrió el 13 de marzo de 2025, coincidiendo con su cumpleaños, cuando agentes de ICE lo arrestaron en el estacionamiento de su residencia en Irving, Texas.
Según la reclamación presentada ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el migrante contaba con un estatus de residencia temporal vigente y tenía una cita migratoria programada para 2028.
A pesar de ello, los agentes alegaron que sus tatuajes eran prueba de afiliación con el grupo criminal Tren de Aragua, lo que ha sido refutado por sus abogados. “No existe ningún vínculo entre León y esa pandilla”, afirman sus representantes legales.
La prisión de Bukele y la ley de 1798
El caso se dio en el contexto de una polémica medida del expresidente Donald Trump, quien habría invocado la Alien Enemies Act —una ley del siglo XVIII— para justificar la deportación de 252 venezolanos al CECOT, una megacárcel salvadoreña diseñada para miembros de pandillas peligrosas.
Condiciones inhumanas de reclusión
Durante más de cuatro meses en el CECOT, León fue supuestamente golpeado, humillado y sometido a condiciones degradantes. Según la denuncia, fue llevado a zonas sin cámaras de vigilancia donde era agredido por los guardias.
Compartía una celda de 3x3 metros con otros 20 migrantes venezolanos. Durante semanas su familia desconoció su paradero, lo que añade una dimensión de desaparición forzada a su caso.
Liberación y repercusiones
León fue liberado recientemente como parte de un canje diplomático entre Estados Unidos y Venezuela. Actualmente se encuentra en su país de origen, desde donde continuará el proceso legal.
Según el New York Times, de los más de 250 deportados al CECOT, solo 32 han sido acusados o condenados por delitos graves; la mayoría permanece sin cargos formales.
Reacciones legales y sociales
Norm Eisen, presidente del Democracy Defenders Fund, declaró: “No tienes que ser un experto constitucional para ver que este caso activa todas las alarmas”. Añadió que detener y desaparecer a alguien sin causa legal ni acceso a recursos es inadmisible en una democracia.
El caso también ha generado preocupación entre analistas, quienes lo consideran una posible antesala a nuevas denuncias por deportaciones ilegales y tratos crueles bajo la administración Trump.
Un llamado a la rendición de cuentas
Este caso también pone en entredicho los acuerdos bilaterales con países como El Salvador, que aceptaron recibir migrantes bajo procedimientos excepcionales. Según expertos, la historia de Neiyerver León es una advertencia sobre los peligros de políticas migratorias sin garantías procesales.
Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos exigen mayor transparencia, reparación y supervisión judicial. Mientras el caso sigue su curso, su historia refleja una realidad que podría estar afectando a miles de personas en silencio.
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